Desaprovechar recurosos sanitarios
Apostar por el pleno desarrollo de la enfermería ha pasado, de ser una propuesta metida en un cajón de despacho y lanzada por los políticos en época de campaña electoral a convertirse en un verdadero clamor popular e institucional por parte de expertos, instituciones sanitarias y pacientes. Un clamor de todos que surge con un único objetivo: la seguridad de los pacientes y la calidad de la asistencia sanitaria. Y es que el Sistema Nacional de Salud no está para muchas bromas y está quedando cada día más claro que, derrochar recursos profesionales y científicos, como ha venido ocurriendo hasta ahora, es una opción absolutamente inviable si queremos seguir disfrutando de una sanidad que se asiente en los principios instaurados en su día por la Ley General de Sanidad: gratuidad, universalidad, equidad, accesibilidad…
Y mientras algunas comunidades autónomas se lamentan, cada vez que tienen un micro delante, de lo caro que les sale la gestión de la sanidad, nos encontramos que a la vez desaprovechan uno de los recursos humanos con mayor potencialidad que existen en la sanidad: las especialidades de enfermería. Y nos encontramos con que, estas mismas CC.AA luego hacen una demostración de ceguera absoluta en la gestión de los recursos enfermeros a favor de la salud de la población: convocan una oferta insuficiente de las plazas para las especialidades ya consolidadas (matronas); olvidan vincular la especialidad con el puesto de trabajo, derrochando el coste de cada especialista con título y tomando el pelo a los profesionales que han aprobado un EIR y se han formado en salud mental; o aprueban una oferta raquítica de las especialidades más recientementes (familiar y comunitaria, pediatría, enfermería del trabajo, geriatría). Todas ellas disciplinas en las que un enfermero especialista haría una labor inconmensurable para los pacientes y que sin embargo no terminar de arrancar por la falta de perspectiva estrategica de los políticos.
Y es que la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud pasa, antes que ninguna otra medida, por aprovechar de forma eficaz todos y cada uno de los recursos humanos y/o asistenciales que disponen los servicios sanitarios, en pos de la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes. Sin embargo, parace que sale más a cuenta hablar de copago (repago, que pagar, pagamos ls sanidad), ticket moderador, factura sombra, pago de servicios de hostelería y demás montante de propuestas lanzadas cada dos por tres por los consejeros y expertos de turno.
Argumentos absurdos contra la Ley Antitabaco
Acabamos de cumplir los tres meses con la Ley Antitabaco en vigor y lo cierto es que la inmensa mayoría de los ciudadanos están tremendamente satisfechos con la nueva realidad ambiental. Una mayoría silenciosa que pasa desapercibida en la prensa ante las noticias generadas por el ruido producido por los fumadores reivindicativos y las noticas de esporádicos objetores.
Vengo observando que, frente a esta corriente favorable ciudadana, los fumadores más fundamentalistas tratán de imponer sus penas haciendo uso de tres argumentos que esgrimen ante la sociedad como verdad suprema. Un mínimo análisis crítico basta para darse cuenta de que son escasos, fútiles y carentes de rigor científico alguno.
Una droga legal
El primero de estos argumentos es que los bares y restaurantes están vacíos y van camino de la ruina tal y como atestiguan las cifras de pérdidas publicadas en los medios. Sin embargo, los expertos coinciden en que, por el momento, no hay ni un solo estudio con un mínimo rigor científico que acredite las “altísimas pérdidas” que muchos diarios están anunciando en sus páginas. Basta con revisar mínimamente a fondo los artículos para darse cuenta de que las cifras que esgrimen se basan en humo y fuegos de artificio. El problema es que el ciudadano de a pie muchas veces da credibilidad a estas noticias y se lamenta por una realidad que no es tal. A este respecto, cabría recuperar el debate de dónde están los límites en el periodismo. Porque estamos hablando de una droga legal que cada año mata a 56.000 personas en España, de las cuales 16.000 son ciudadanos que no fuman. Y todo esfuerzo por recuperar el humo y la nicotina en los bares, lo es por cercenar la vida y condenar a muerte a algunos de los ciudadanos que no queremos respirar el tabaco de los demás.
El segundo argumento esgrimido por los fumadores es que los restaurantes están que trinan porque los comensales ya no hacen sobremesa de café y copa al no poder fumar. Otra cantinela, primero porque hace muchos años que, entre la ciudadanía, somos mayoría los no fumadores y, que yo sepa, las tertulias en la mesa tras una buena comida no son, ni por asomo, una práctica exclusiva de los que fuman. A esto hay que sumarle el hecho de que, el margen económico de una copa y un café es tan mínimo que, en muchos restaurantes, te invitan como atención especial. Además, los propios restauradores reconocen que serían felices prohibiendo la sobremesa porque así aprovecharían la mesa para más servicios.
Proteger la salud de los ciudadanos
Por último, estaría el argumento de que con esta ley se inicia una corriente prohibicionista muy peligrosa “porque, después de esto ¿qué será lo siguiente que van a prohibir?”. Es una práctica común en democracia y en los países más desarrollados prohibir aquello que la evidencia científica demuestra que es tan absolutamente perjudicial para el ciudadano que no genera beneficio alguno. No obstante, hay que aclarar que no estamos ante una prohibición. Lo que hace la Ley Antitabaco es regular el consumo para proteger la salud de los ciudadanos, permitiendo a los fumadores que consuman tabaco siempre y cuando, al hacerlo, no perjudiquen a nadie más.
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